El Tribunal Supremo ha anulado la condena que un juzgado de Teruel impuso a dos activistas que criticaron, en una carta publicada en un periódico, a una jueza por avalar una licencia para crear una mina de arcilla. Los jueces anulan esta condena por un delito de injurias porque el Tribunal Europeo de Derechos Humanos analizó el caso y dio la razón a los dos activistas, al entender que su condena por parte de los tribunales españoles había atentado contra su libertad de expresión y había impuesto, además, una condena económica demasiado alta.

Entre diciembre de 1937 y febrero de 1938 Teruel, una pequeña capital de provincia de menos de veinte mil habitantes, centró el interés informativo no sólo de España, sino de las principales cancillerías europeas. Un nuevo castigo artillero, el 5 de febrero, marcó el comienzo de un rápido avance nacionalista que rompió el frente en dirección al río Alfambra. Una división, presa del pánico, fue arrollada por tres mil jinetes al mando del general Monasterio, en lo que fue la última carga de caballería de la historia militar española.

En Aguilar de Alfambra, un pequeño pueblo de Teruel, de lo que alardean, sobre todo, es de árboles. De chopos, más concretamente. Y ahora lo hacen a nivel internacional, presentando a uno de ellos —escogido por su extraordinario porte— al galardón europeo al mejor árbol del año («European Tree of the Year»).

Una empresa minera (WBB) amenaza un paraje natural repleto de chopos cabeceros centenarios, uno de los más importantes hábitats de esta escasa variedad de chopo. Los vecinos de Aguilar del Alfambra, Teruel, se han alzado como un sólo hombre para evitarlo.