El Tribunal Supremo acaba de fallar que el Estado puede obligar a las eléctricas a demoler sus presas al caducar la concesión, como establecía un decreto de 2012, aunque el permiso original no lo contemple. Así lo fija en un recurso de Endesa contra la resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, del Ministerio de Transición Ecológica, que daba por terminada la concesión de la central hidráulica de Bembézar, en Córdoba, que databa de 1959, y en otro recurso de Iberdrola contra una presa en Teruel que data de 1929.
