El origen de la investigación contra el ex presidente azulgrana fue una comisión rogatoria solicitada por Estados Unidos. El fiscal español conoció más tarde que en EE.UU finalmente no le exigían ningún cargo pero se ocultó para seguir con el proceso en España.

La Audiencia de Madrid ha hecho marcha atrás y ha paralizado la comisión rogatoria de Andorra contra Mariano Rajoy por la Operación Catalunya, después de haberla avalado hace un mes. En un auto de este jueves, los magistrados de la Sección Segunda de la audiencia madrileña ha estimado los recursos presentados tanto por el expresidente español como el exministro Cristóbal Montoro y ha ordenado al juzgado competente que se les tenga por personados en el procedimiento que tramita el Juzgado de Instrucción Número 32 de Madrid.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha rechazado la petición de expresidente del Gobierno Mariano Rajoy de paralizar de forma cautelar la comisión rogatoria que libró Andorra con la intención de interrogarle a raíz de la querella presentada en el Principado por la 'Operación Cataluña'. Así, ha reactivado el auxilio judicial y la investigación que se sigue contra el exlíder del PP.

El Ministerio de Justicia ha extraviado la comisión rogatoria a Panamá sobre el caso del ático de Ignacio González. Así lo reconoce la jefa del área de Auxilio Judicial de la Subdirección de Cooperación Jurídica Internacional, Beatriz Diz, en un escrito al instructor de la causa, Eloy Marfil Gallardo, en el que se refiere a la petición judicial que en 2016 emitió la anterior instructora de la investigación, Isabel Conejo.

Un tribunal germano tiene que resolver todavía la petición de entrega de Carles Puigdemont cursada por el Tribunal Supremo.

La Audiencia Nacional ha librado 12 comisiones rogatorias para obtener información sobre las presuntas irregularidades cometidas en la compra de la empresa brasileña Emissao. Estas cantidades se repartieron entre el expresidente regional, Rodríguez Sobrino y otras personas implicadas en la operativa por la que la empresa pública de aguaspagó 30 millones de dólares. Estos serían el exdelegado del gobierno en Ceuta Luis Vicente Moro, el exgerente de Inassa Diego García Arias y el exdirector de otra filial del Canal Ramón Navarro,todos ellos inves

Las comisiones rogatorias en el caso del ático de Ignacio González parecen haber sufrido una maldición. Han pasado ya casi cinco años desde que el Sindicato Unificado de Policía reclamó las primeras, poco después de interponer la denuncia que dio origen a las diligencias, y aún no ha habido respuesta fructífera alguna que ayude a avanzar en las investigaciones.

La comisión rogatoria enviada por las autoridades andorranas a España recoge de forma minuciosa todos los movimientos de dinero de la familia Pujol desde el año 1991 hasta la actualidad en los bancos locales Andbank y BPA (Banca Privada de Andorra). Del análisis de esa documentación, los investigadores de la UDEF han podido acreditar que las cuentas que antaño atesoraban y movían grandes cantidades de dinero, en los últimos tiempos habían sido vaciadas.

La UDEF ha concluido tras analizar la comisión rogatoria remitida por Andorra sobre las cuentas del clan Pujol en el Principado que la familia movió a través de esos depósitos una auténtica fortuna.

La investigación sobre el ático de lujo de Ignacio González y su mujer, Lourdes Cavero, evoluciona peor de lo que habían imaginado en un principio, pero la lentitud de la Justicia puede acabar favoreciendo al presidente del Gobierno madrileño. Las dos comisiones rogatorias que solicitó la jueza que instruye el caso a Estados Unidos y Reino Unido para conseguir información clave sobre el origen del dinero con el que se adquirió ese inmueble siguen en los Juzgados de Estepona y ni siquiera han sido aún traducidas

¿Qué pasó con estas peticiones de auxilio judicial a Estados Unidos y Reino Unido? Pues no se enviaron. La juez cumplimentó los datos en un formulario dirigido al Ministerio de Justicia que consta en el procedimiento. Pero nunca se enviaron. ¿Por qué?

El extesorero del PP, Luis Bárcenas, advirtió a los bancos suizos de la posibilidad, luego ejecutada, de que la Audiencia Nacional remitiría comisiones de investigación rogatorias al país helvético para que informaran de su patrimonio. Lo hizo en 2010, casi tres años antes de que se destapara la fortuna que el responsable de las cuentas populares amasó en cuentas suizas y que llegó a alcanzar los 38 millones de euros en fondos a nombre de sus sociedades en los bancos Dresdner Bank y Lombard Odier.

Adolfo Prego, abogado de María Dolores de Cospedal, ha asegurado que el extesorero del PP Luis Bárcenas "eliminó" y "sustituyó" el disco duro de su ordenador "unos días antes" de que llegara a España la comisión rogatoria de Suiza que dio a conocer su "tesoro gigantesco de millones de euros". Según ha añadido, Bárcenas "colocó" otro disco duro de una "virginidad total" que "no contenía absolutamente nada" y es el que destruyó el PP.

EEUU pidió en 2011 que se le comunicara la identidad de clientes estadounidenses sospechosos de haber evadido impuestos con ayuda del Credit Suisse. Suiza aceptó, pero los clientes apelaron hasta llegar al Tribunal Federal. Según un fallo del Tribunal Federal de Suiza, el país helvético puede transmitir a Estados Unidos datos sobre clientes estadounidense del banco Credit Suisse sospechosos de haber defraudado al fisco. La máxima instancia judicial suiza rechazó el recurso de estos clientes y dio luz verde a la comisión rogatoria.

Coorperación judicial, sí, pero a cámara lenta. Las autoridades judiciales de Singapur han remitido un escrito en el que solicitan al juez Pablo Ruz, 2 certificados y numerosas aclaraciones si quiere que le faciliten la información sobre 2 cuentas que Francisco Correa, presunto cabecilla de la trama Gürtel, tenía en un banco del país asiático y por las que supuestamente pasaron 26,2 mill €. Lo pide el fiscal general adjunto de Singapur, Ravneet Kaur, para justificar un nuevo retraso en el envío de la información. La solicitud empezó en 2010.

Ignacio González anunció haber comprado el ático por un importe de 770.000 euros después de saber que la magistrada Mariana Peregrina investigaba la operación.