La Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) viene siendo fuertemente cuestionada, no sólo a raíz de la última intervención judicial por la denuncia de desvío de fondos, sino desde hace bastante tiempo. Por un lado, la fuerte presión para conseguir un canon digital que al final ha sido declarado ilegal por la Unión Europea y la Justicia española, y por otro, la forma de funcionamiento de la entidad revela un esquema distributivo por lo menos poco democrático como entidad gestora de los derechos de autor en España.
