Si bien su fecha límite para recaudar fondos a través de su presentación previa a la quiebra no es hasta el 20 de mayo, la compañía optó por declararse en bancarrota en medio de tensiones entre sus grupos de propiedad. Con sede en España, Actemsa, también presentó un aviso previo a la bancarrota en octubre de 2023. La empresa de atún debe 114 millones de euros (120,5 millones de dólares) a los acreedores, incluidos 44,1 millones de euros (46,6 millones de dólares) en obligaciones a corto plazo.

Inpesca decidió cortar el suministro de atún a la compañía, impidiendo retomar la producción con normalidad en las fábricas de Cambados y Vila Nova de Cerveira (Portugal). Se han buscado nuevas vías de suministro. Al mismo tiempo, advierten que la parte vasca reclama el cobro de 50 millones que se le adeudarían.

La otrora mayor comercializadora de atún de España tenía todo en contra: un buen ramillete de acreedores comerciales, un titánico plan de negocio a futuro para sobrevivir y un reino de taifas en el accionariado. La enemistad entre los socios —la viguesa Comercial Pernas, Marpesca (armadora, Panamá) y la vasca Inpesca— era notoria y el malestar entre proveedores, creciente

Cuando parecía abrirse un período de paz entre los socios, tras negar Inpesca que quisiese cerrar la planta de producción en Galicia y llevarse la sede a Bilbao, el conflicto vuelve a recrudecerse. De hecho, parece más enquistado que nunca. El escrito que recibió ayer la dirección gallega de Atunlo complica el plan de reestructuración de la mayor comercializadora de atún en España, asfixiada por una deuda de más de 160 millones de euros y en preconcurso de acreedores.