La Asociación contra la Corrupción de la Comunidad Valenciana, creada hace diez meses, se ha convertido en el martillo del presidente valenciano Alberto Fabra. Un día airean que su consejero de Gobernación enchufó supuestamente a una treintena de familiares y militantes del PP. Otro, que la abogada de la Generalitat gastó 7.000 euros en móvil. Y un tercero impulsan una querella por malversación para condenar que el dinero público costeó hoteles de la asesora más próxima al barón popular, Esther Pastor.