"La investigadora fue victima de varias arbitrariedades, privación ilegal de la libertad, incomunicación, y expulsión con prohibición de regresar al país durante siete años por “poner en peligro la seguridad nacional, el orden público, la salud pública, la tranquilidad social, la seguridad pública, o cuando existan informaciones de inteligencia que indiquen que representa un riesgo para la seguridad nacional, el orden público, la seguridad pública o la tranquilidad social” según el Departamento de Seguridad DAS de Colombia”."