Las familias de dos de los 13 fallecidos en los incendios del pasado 1 de octubre en dos discotecas de la zona de ocio Atalayas, en Murcia, han anunciado que van a presentar una querella contra el Ayuntamiento del municipio como responsable civil de un presunto delito de “prevaricación por omisión”. Estas dos familias consideran que los querellados aplicaron una “estrategia” a través de la que “paralizaban” la orden de cese de estas discotecas amparándose en una posibilidad que otorga la normativa.

En el argot legal se conocen como “querellas catalanas”. El origen de dicha denominación parece remontarse a la Edad Media, cuando en una controversia entre comerciantes catalanes y genoveses, estos últimos reclamaron contra los primeros en la jurisdicción civil y los comerciantes catalanes interpusieron como respuesta una querella, por la jurisdicción penal. Como se sabe, la vía penal tiene preferencia y manda sobre cualquier otra acción legal que se presente en otras vías jurisdiccionales. Desde entonces se conoce así a este tipo de recursos

Dimite la directora general de Protección a la Infancia y las Familias de Canarias, Sandra Rodríguez (CC), tras ser condenada por prevaricación administrativa durante su etapa como concejala de Gestión Económica en el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz. La pena es de nueve años de inhabilitación para el ejercicio de empleo o cargo público. La sentencia expone que Rodríguez contrató como socorrista interino a su pareja, sin anunciar el proceso de selección y lo ascendió dos veces, haciéndolo indefinido, de nuevo sin anunciar el proceso selectivo

El auto no deja lugar a dudas, aunque resulta curioso que solo unas horas después de hacerse público el auto de admisión a trámite de la querella, cinco de los seis firmantes de la misma han desistido de su acción. En el auto el instructor explica el archivo “por carecer de sentido”, la querella, al tiempo que se refiere expresamente a “la falta de fundamentos de esta acusación”. Entiende que “carece de sentido mantener el requerimiento efectuado al Ayuntamiento, entendiendo que los hechos no son constitutivos de delito".

La cantante, que ya admitió varios delitos fiscales en su primera causa, declara por videoconferencia en el segundo procedimiento abierto a raíz de una querella de la Fiscalía

La querella se debía a la actuación policial desplegada frente a las concentraciones realizadas en noviembre de 2023 en las proximidades de la sede central del PSOE en la calle Ferraz, de Madrid."Los querellantes no aportan indicio o principio de prueba alguno que pudiera servir de apoyo a la imputación que hacen a la persona aforada, D. Fernando Grande Marlaska como ministro del Interior, de que la actuación policial que denuncian obedeciera a una 'orden con motivación política' impartida por aquel".

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha resuelto que el juez de este tribunal Santiago Pedraz debe encargarse de tramitar la querella de Podemos contra la cúpula del Ministerio del Interior en la etapa del Gobierno del PP por la supuesta creación de pruebas falsas para perjudicar al primer partido.

La Sala de lo Penal ha estimado el recurso que presentó el abogado al aplicar la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y del Tribunal Constitucional (TC), que fija que en el ejercicio de sus funciones públicas los jueces pueden enfrentar críticas más duras que los ciudadanos que no ocupan cargos públicos.

"El momento es difícil, pero creemos que es preciso que la ciudadanía se movilice contra estos jueces reaccionarios y prevaricadores, que odian la democracia y cuyo objetivo no es hacer justicia sino tratar de desalojar a un gobierno legítimo y sostenido por una mayoría de 179 diputados y diputadas.(...).El Gobierno tiene la obligación de resistir, no tanto por lo que es o puede llegar a ser, sino por lo que tiene enfrente y por lo que se nos vendría encima si estos jueces entregados a la causa de la España eterna, una, grande y libre, ganaran

La Fiscalía ante el Tribunal Constitucional apoya amparar parcialmente por vulneración de derechos fundamentales a la mayoría de los condenados en el caso ERE, entre ellos los de los ex presidentes socialistas Chaves y Griñán.El Ministerio Público entiende que la subsunción de dichas conductas en el tipo penal de prevaricación del artículo 404 del Código Penal, excede el tenor literal de dicha noma penal, y que los razonamientos en las sentencias no satisfacen el estándar metodológico y axiológico que impone según la jurisprudencia del TC

Creo que desde 2015 van casi treinta querellas archivadas contra líderes de Podemos, una ofensiva jurídica que, vistos los resultados, debe de estar motivada únicamente por las pintas sospechosas de los imputados: las coletas, las barbas de hippy, el pelo largo y la total ausencia de corbatas, mantillas y peinetas. Es curioso, porque en España los altos cargos políticos que acaban en la cárcel (Rato, Matas, Zaplana, por poner tres ejemplos ilustres) suelen vestir de punta en blanco.