El magistrado Manuel García-Castellón reclama a la Agencia Tributaria que revise las cuentas de una empresa del yerno de Juan Miguel Villar Mir, el principal dueño de OHL, por recibir dinero de una cuenta suiza propiedad de una sociedad de Luxemburgo

Nuevo giro en el caso de las presuntas mordidas de empleados OHL. Tras escuchar a varios directivos de la constructora, el juez ha imputado a seis políticos y ha citado a declarar a tres de ellos. Abelardo Genaro Moya (excargo de la Junta de Andalucía), José Luis Almazán Palomino (PP de Melilla) y Albino Pardo Rodríguez (exdirector del Puerto de Cádiz) serán los primeros cargos públicos que declararán como imputados en la pieza ocho del caso Lezo para esclarecer su supuesta vinculación con el supuesto cobro de comisiones.

El exdirectivo del Canal de Isabel II en Latinoamérica Edmundo Rodríguez Sobrino, considerado como el principal testaferro del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González en el caso Lezo, ha puesto a disposición de la Audiencia Nacional los 2,4 millones de euros (2.739.003 dólares) que ingresó de las presuntas comisiones pagadas por el empresario brasileño Sebastiao Cristovam por la compra de la empresa brasileña Inassa.

El juez que instruye el caso Lezo, Manuel García-Castellón, ha decretado el archivo de las actuaciones contra el que fuera alcalde de Madrid y ex ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón. Éste había sido llamado al procedimiento en calidad de imputado en abril de 2018 por la compra presuntamente fraudulenta de la empresa colombiana Interamericana de Aguas (Inassa).

Los socialistas, que están personados como acusación popular en la pieza separada del 'caso Lezo' sobre la compañía de Juan Miguel Villar Mir, tendrán que determinar si piden la imputación de Adrián Baltanás y de otros excargos del partido.

Javier López Madrid quería echar por tierra todo un año de investigaciones en el caso Lezo. Su defensa pedía anular los últimos 12 meses del procedimiento porque no le habían notificado el cambio de un perito. Pero el argumento no ha convencido al juez, quien ha rechazado la solicitud y, con ella, la intención del empresario de dilatar la causa.

La Audiencia Nacional mantiene una investigación secreta a la cúpula de la gran constructora OHL por haber mantenido "una práctica generalizada" de sobornos a funcionarios públicos, entre los que habría políticos, para conseguir adjudicaciones de obra pública en toda España. El hallazgo de grabaciones en poder de un antiguo empleado de OHL ha provocado la apertura de una pieza separada del caso Lezo, que instruye el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García Castellón.

La Fiscalía Anticorrupción tiene previsto presentar en las próximas horas un escrito donde insta al magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón a archivar la imputación del que fuera alcalde de Madrid y ex ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón en el marco del caso Lezo. El Ministerio Público presentará este miércoles en el Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia el informe donde da por finalizada la instrucción de la pieza separada número 1 de esta macrocausa de corrupción –donde se investiga la compra de

El PSOE ha pedido al juez del caso Lezo que llame a declarar como investigada a la expresidenta madrileña Aguirre y a otros cuatro miembros del consejo de Gobierno que votaron a favor de la construcción de un campo de golf en instalaciones del Canal de Isabel II,el 18 de enero de 2007. La acusación que ejerce el PSOE en esta causa explica que aprovecha que la Fiscalía "ha reactivado" la pieza separada en la que se investiga la construcción de una cancha de prácticas de Golf para pedir nuevas diligencias de investigación que consideran indispe

El desfalco que se produjo en la empresa pública Defex con sus contratos de venta en Angola contó con la intermediación no solo de la cúpula de la empresa pública sino de altos cargos del país africano cómplices de este fraude. Más de 1/3 de lo que se obtuvo con el contrato de 153 millones de venta de material policial fue destinado a sufragar paquetes vacacionales o intervenciones quirúrgicas como una operación de cataratas a funcionarios angoleños que hasta llegaron a recibir pagos en metálico semanales de entre 500 y 600 euros.

El Ayuntamiento explica que se trata de la Cruz de Borgoña y será un complemento a un parque temático sobre Blas de Lezo para niños.

El ex director general de OHL Ramón Martín de Nicolás ha negado este jueves ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón que la empresa haya pagado comisiones a cambio de hacerse con adjudicaciones de obra pública, y ha explicado que cuando hablaba de porcentajes y pago de millones de euros se refería a los adelantos que debía hacer a los proveedores.

Está imputado en el caso Lezo como presunto intermediario de una supuesta comisión de 1,4 millones de OHL para I.González por el tren a Navalcarnero. Afincado en Suiza desde hace años,también apareció vinculado al caso Gürtel por un pago de 50.000 euros al testaferro de Bárcenas a finales de 2008. A finales de los 80,estuvo implicado junto a un exconsejero del socialista José Bono en un escándalo de adjudicaciones irregulares en la Comunidad de Madrid (caso Atocha). Otro de los escándalos en los que apareció vinculado fue el del Pequeño Nicolás

La Policía ha detenido hoy a cuatro personas, entre ellas los empresarios Ángel Pérez-Maura, emparentado con la familia Botín, y Adrián de la Joya, imputado en el caso Lezo, en relación a la pieza Pit del caso Villarejo, relativa al procedimiento de extradición a Guatemala abierto a Pérez-Maura, cuya entrega fue denegada por la Audiencia Nacional.

Javier López Madrid, yerno del dueño de OHL, Juan Miguel Villar Mir, ha acusado al juez que le mantiene imputado en la Audiencia Nacional en el caso Lezo, Manuel García-Castellón, de simular que cumple la ley, según consta en un recurso de apelación presentado por el letrado del empresario ya condenado a seis meses de cárcel por el caso de las tarjetas black.

En estas mismas fechas en las que estamos, hace 278 años, un puñado de españoles se afanaban por defender la plaza española de Cartagena de Indias, en la actual Colombia, de un ataque inglés.

El juez de lo Social número 35 estimó la demanda interpuesta por María Fernanda Richmond, exdirectora de Negocios, y declaró improcedente su despido. Richmond está imputada en el 'caso Lezo' por hasta seis delitos: organización criminal, blanqueo, falsificación de documentos públicos, prevaricación, fraude y malversación de caudales públicos. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha revocado la sentencia del juzgado de lo Social que obligaba al Canal de Isabel II a indemnizar con 84.000 euros a una empleada despedida e imputada en Lezo.

Percival Manglano anuncia que abandona la política y los tuiteros le despiden: “Perdemos a un gran cómico”

La constructora OHL está en el punto de mira por haber sobornado presuntamente a funcionarios y altos cargos para conseguir adjudicaciones millonarias en varios puntos de España. Entre las obras que están siendo investigadas se encuentra el dique de abrigo del Puerto de Granadilla, en Tenerife, que apenas ha tenido actividad desde su inauguración. La operación se llevó a cabo en 2007 por 114 millones de euros, cuando era presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz Tenerife José Luis Suárez Trenor.

Pendrives, tarjetas de memoria y demás dispositivos electrónicos; unos 40 equipos de almacenamiento en los que se recogen 8.000 gigabites de información. Así es el arsenal de pruebas que la Audiencia Nacional tiene en contra de Ignacio González en el marco del 'caso Lezo'. La defensa del expresidente madrileño considera que es "materialmente imposible identificar los archivos y datos" que puedan extraerse de estos equipos. Por ello, pide que se excluyan todas las pruebas; todas excepto aquellas que los agentes de la Unidad Central Operativa..

Beatriz Paesa, sobrina del espía más famoso de España Francisco Paesa, no se libra de su procesamiento en la causa por el desfalco de la empresa de armamento Defex. Aunque la abogada pretende sortear su implicación en esta concreta pieza por los supuestos contratos irregulares en Angola, la Audiencia Nacional ha desestimado su pretensión legitimando a la Justicia española para juzgarle por los delitos de blanqueo de capitales, falsedad instrumental y asociación ilícita en el marco de su pertenencia a esta trama que solo en el país africano

Colombia ha condenado a 12 años de inhabilitación al exregidor de Santa Marta por amañar contratos. Fue el artífice de que el Canal perdiera la concesión en 2017. Carlos Caicedo fue uno de los principales artífices de que el Canal de Isabel II perdiera las concesiones que tenía en el municipio colombiano de Santa Marta. De hecho, el grupo parlamentario de Podemos le trajo a Madrid en diciembre de 2016 para que hablara en la Asamblea de Madrid sobre los contratos que en esos momentos esta localidad mantenía con la filial del Canal, Metroagua

Manuel García-Castellón trata de determinar, a petición de la Fiscalía anticorrupción, si Granados también pudo haber cobrado por el tren de Navalcarnero una mordida como la que se le atribuye al expresidente madrileño.

Felicísimo Ramos declaró como testigo en el 'caso Lezo' por las presuntas mordidas de la constructora al expresidente madrileño Ignacio González; su argumento no logró convencer al juez, quien insinuó que una transferencia de 1,4 millones de euros no era tan fácil de olvidar. "Es que con esta cantidad de dinero nos parece un poquito increíble; si usted se dedicara a hacer transferencias de una forma continua por ese importe, yo entiendo que no se acordara, pero no creo que hubiera hecho muchas".

La constructora pagó presuntamente sobornos para adjudicarse el puerto de Granadilla (Tenerife), la variante de Baza (Granada), la Autovía de la Plata (Extremadura) y el puerto de Melilla. La autoría intelectual de la trama aún no ha sido esclarecida, pero las investigaciones la ubican en las esferas más altas de la compañía, en la misma cúspide. Parece difícil que solo dos personas pudieran coordinarse para disponer de 40 millones de euros sin que saltara ninguna alarma interna. Ramos y Hernández ya han pasado por la Audiencia Nacional..