Hace dos años 120.000 alumnos recibían ayudas para comer en el colegio; hoy son 52.000, según los sindicatos. Más de 200.000 niños se encuentran en riesgo de pobreza en la región, según los últimos datos de Unicef. En Madrid, hasta quienes reciben la Renta Mínima de Inserción deben pagar parte del coste del menú escolar.

La Renta Mínima de Inserción es la prestación que cobran las personas que no tienen ningún tipo de ingresos para garantizar su subsistencia.En Madrid es de 375 euros, una de las más bajas de España, a pesar de que su coste de la vida es uno de los más elevados del país.Las solicitudes se han disparado con la crisis, y hay esperas de hasta un año para resolver el trámite. La Red de Lucha contra la Pobreza y el Colegio de Trabajadores Sociales reclaman más fondos y más recursos humanos para atender una demanda que no deja de crecer.

Porque la integración puede hacerse realidad, conoce la historia de Nico e Irene a través de este vídeo.

El Ayuntamiento de Valencia ha consignado un presupuesto de 60.000 euros que incluye, como novedad, becas de formación para las participantes.

Las principales entidades valencianas que gestionan los programas de empleo para colectivos vulnerables en la Comunitat Valenciana, como Fundación Novaterra, Fundación Novafeina, la Comissió d'Ajuda al Refugiat del País Valencià (CEAR-PV), Iniciatives Solidaries y Rais Fundación, se han unido para aunar esfuerzos por una causa común: instar al gobierno valenciano a que promocione políticas activas de empleo inclusivas con estos colectivos.

La empleabilidad de los titulados y Graduados en Ingeniería Informática supera en España el 91%, al mismo tiempo que el 65% de los alumnos de esta disciplina trabajan mientras realizan sus estudios, según un estudio realizado por la Conferencia de Directores y Decanos de Ingeniería Informática (CODDII). La media de inserción laboral de este colectivo es del 83%

Cuatro alumnos del Instituto Mendizabala participan en Hannover (Alemania) en el proyecto "Adelante". En una primera etapa...

El Comité Catalán de Representantes de Personas con Discapacidad (Cocarmi) ha denunciado hoy la grave situación económica en la que se hallan los servicios de inserción laboral de discapacitados, que atienden a unas 2.500 personas y a los que la Generalitat adeuda 7,7 millones de euros. En un comunicado, Cocarmi indica que en los ejercicios 2010 y 2011 recibieron una dotación anual de unos 11 millones de euros, una cifra que se redujo a 4,5 millones el pasado 2012.

Francesc de Diego ha encontrado en el arte la manera de expresarse. Este artista barcelonés de 35 años tiene esquizofrenia y utiliza el dibujo para mostrar a la sociedad su talento y su mundo interior. Aunque su trayectoria, tal y como él comenta, ha sido “desestructurada”, lleva ya más de diez años dedicándose a las artes gráficas. Ahora, de Diego se ha convertido en el protagonista del tercer espot de la campaña 'Suma Capacidad' lanzada por la empresa especializada en la inserción socio-laboral de personas con discapacidad (...)

El dirigente de Nuevas Generaciones quedará libre todos los fines de semana

Un trabajador del Ayuntamiento de La Pobla de Vallbona despedido, tiene 57 años, un nivel de minusvalía reconocido del 69% y vive con su madre, una mujer de 87 años que padece el mal de Alzheimer. El pasado lunes la Alcaldesa Popular Mari Carmen Contelles hablaba en la aprobación de los presupuestos de 2013, como los presupuestos más sociales, a quien pretenden engañar.

800 expedientes de pensionistas de la RMI de la Comunidad de Madrid han sido "suspendidos cautelarmente" durante noviembre y diciembre por "irregularidades" en la revisión anual.

62.184 personas se benefician en Catalunya de la renta mínima de inserción, frente a los 110.000 en agosto de 2011. En agosto de 2011 el Govern endureció las condiciones de cobro por decreto de esta ayuda (RMI), donde una media de tres personas dependen de cada expediente.

El desplazamiento a la Unión Europea y Suiza durante menos de 90 días para buscar trabajo, formarse o hacer labores de cooperación no impedirá el cobro de la renta activa de inserción, que incluye una ayuda de 426 euros al mes para parados mayores de 45 años sin otras prestaciones o rentas. El Gobierno ha incluido esta salvedad en el real decreto que regula las aportaciones económicas que tienen que hacer al Tesoro Público las empresas con beneficios que hagan despidos colectivos que incluyan a trabajadores de 50 o más años.

El tiempo de espera desde que una persona en riesgo de exclusión social solicita el cobro de la renta mínima de inserción (RMI) se ha multiplicado por diez desde la reforma impulsada por la Generalitat en agosto de 2011.Trabajadores sociales y educadores coinciden en lamentar que con este retraso en los pagos, la Generalitat se está "ahorrando mucho dinero", y recuerdan que los presupuestos para este año prevén 18.000 beneficiarios, habiendo 24.765 usuarios en diciembre de 2011.

Todo parece indicar que la decisión está tomada: cuando los niños lleguen a sus colegios el próximo curso, los profesionales que hasta ahora han estado ayudándoles en su desarrollo y preparándoles para ser independientes, ¡NO ESTARÁN EN LAS AULAS!

La asociación Prosocial ha denunciado el recorte de la prestación de la Renta Mínima de Inserción (RMI) debido a la crisis económica. Los miembros de esta entidad han hecho esta denuncia desplegando una pancarta frente a Marivent para criticar que "en tiempos de dificultades económicas", el Govern haya recortado de manera "drástica" el presupuesto de la RMI de los 5,1 millones a los 2,8 de este 2012 pero haya aumentado a 1,7 millones el mantenimiento del Palacio de Marivent.

En el informe presentado tres años antes, con los titulados del 2005, el 77 % de los universitarios estaban trabajando, más del 70 % en algo relacionado con su titulación. Tres años después, esta cifra cae a menos del 62 %, lo que supone quince puntos porcentuales. La presidenta de la Acsug, Patrocinio Morrondo, recordó que estos estudios permiten mejorar el diseño del sistema universitario gallego «porque ayudan a tomar decisiones basadas más en la evidencia y no en apreciaciones».

El Govern ha concluido el proceso de control de los beneficiarios de la renta mínima de inserción (RMI) iniciado en verano con la cancelación de 4.521 expedientes que no cumplían los criterios del programa.

Un fontanero -elegido a dedo- por el director -elegido a dedo- de un centro integrado de Formación Profesional (FP) de Galicia cobra 49,50 euros por cada hora de clase práctica que impate a lo largo de un curso de 730 horas de duración. La Xunta, a través de la Consellería de Traballo, paga salarios similares al de este fontanero a otro personal experto que foma a los alumnos con vistas a...

El director provincial del Servicio Público de Empleo Estatal, Joaquín Arana, hizo esta afirmación durante la clausura del curso realizado en el restaurante La Muralla. El director provincial del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), Joaquín Arana, destacó ayer en la clausura del curso de camarero del restaurante La Muralla, que esta formación es la que logra “mayor porcentaje de inserción laboral”.

El modelo alemán de los 'minijobs', empleos de pocas horas de duración pagados con un máximo de 400 euros mensuales, ahora a debate en España, ha sido cuestionado hasta por el propio Gobierno germano y por expertos del país en diversos informes sobre el tema. En concreto, según el informe 'Nuevas formas de igualdad de oportunidades', publicado en marzo de este año por el Ministerio Federal de Asuntos de Familia, Tercera Edad, Mujer y Juventud, los 'mini empleos' no cumplen la función "de puente" hacia el empleo a jornada completa e indefinido.

El proceso de revisión de los 31.000 beneficiarios de la renta mínima de inserción (RMI), iniciado por el Govern en septiembre, ha derivado en la propuesta de suspensión de más de 2.500 expedientes, del que dependen unas 6.000 personas, por no cumplir con los requisitos establecidos para el cobro de esta ayuda, también conocida como Pirmi, según han avanzado a Europa Press diversas fuentes cercanas al proceso.

El Consejo de Gobierno acordó ayer destinar 9,54 millones de euros a los sindicatos UGT y CC OO para respaldar este año el funcionamiento de las 56 unidades de orientación laboral que estas organizaciones sindicales gestionan dentro de la Red Andalucía Orienta. Este servicio de la Consejería de Empleo tiene como objetivo promover la inserción laboral de las personas desempleadas a través del asesoramiento especializado.

Viñeta de Manel Fontdevila. "¿Qué les parece? Ustedes no me tocan la renta mínima de inserción..."