El titular del Ejecutivo gallego señaló que durante el covid pudo ser necesario aplicar con «toda a intensidade» la cita previa obligatoria, pero «non tiña sentido mantela».

Una vez pasada la excepcionalidad sanitaria derivada de la pandemia, ¿existe alguna norma que permita a las administraciones públicas imponer una cita previa obligatoria como lo están haciendo? No; y no solamente no la hay, sino que las que hay dicen lo contrario. Partiendo de la norma suprema, la Constitución, esta obliga a la Administración a servir con objetividad a los intereses generales. Y como ha recordado el Tribunal Supremo, «el interés general o público pertenece y beneficia a los ciudadanos, no a la Administración como organización.

Es increíble que tantas décadas después tengamos que escribir el mismo artículo con el que Larra criticaba a los funcionarios. Tampoco hay que generalizar con los funcionarios. Los culpables son los responsables de la Administración, de todas las administraciones.

Todas las formas de agenda se pueden abrir, cerrar o eliminar sus contenidos cuando queramos. ¿Sí o no? Sí, claro. Y también las de los organismos públicos, que se cierran o se abren por decisión de un funcionario, como si fuera «su» agenda privada.

Superada la pandemia, se suponía que se superarían también sus peculiaridades, pero aún quedan instituciones que han visto abrirse el cielo con eso de la cita previa y la mantienen contra viento y marea.

Los expertos aseguran que este ‘modus operandi’ «no se justifica a estas alturas» e infringe los principios de servicio efectivo a los ciudadanos

Después de que la Fiscalía del Supremo haya dado carpetazo a la investigación sobre Juan Carlos I, dejando claro que jamás cometió ningún delito punible, la Casa Real ha anunciado esta mañana que ya se puede solicitar cita previa para pedirle perdón al emérito.