El Ejecutivo ha publicado hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE) su real decreto ley con medidas urgentes destinadas a frenar el desarrollo de la llamada 'republica digital catalana', un término acuñado por el independentismo para referirse a los proyectos destinados a crear una infraestructura digital al margen del Estado, desde una Hacienda catalana a un sistema de identificación propio.

Gran artículo en el primer diario de Bélgica: “España tiene derecho a defenderse de las mentiras de los independentistas. Por ejemplo, hablan, de un supuesto maltrato del catalán cuando, en realidad el catalán es la única lengua permitida de escolarización".

El Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC), ligado a la CUP, ha pedido a la Asociación Catalana de Universidades Públicas suspender las clases «hasta que se materialicen las demandas del independentismo» y a garantizar que los alumnos puedan escoger la evaluación única.

Cataluña arde por los cuatro costados tras conocerse la sentencia a los políticos golpistas, un bombón de fallo judicial de ese prestidigitador del Derecho llamado Manuel Marchena que, pese a todo, tampoco ha dejado satisfecha a la turba independentista-terrorista.

El Tribunal Supremo también se ha pronunciado sobre los permisos penitenciarios para los xenófobos golpistas. La sentencia no incluye la petición de la Fiscalía (para que no pudieran obtener el tercer grado hasta el cumplimiento de la mitad de la pena), y deja la concesión de permisos en manos de Instituciones Penitenciarias de la Generalitat, ya que los terroristas secesionistas están en cárceles catalanas.

La Mesa del Parlament, con mayoría independentista, ha aprobado la comparecencia, este jueves, del presidente de la Generalitat, Quim Torra, para dar una respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo sobre el referéndum del 1-O. De esta forma se descarta la celebración de un Pleno extraordinario y se ahorran la votación de propuestas de resolución, lo que visualizaría las discrepancias existentes entre los secesionistas. No habrá, por tanto, una declaración conjunta de Junts per Catalunya, ERC y CUP que visualice unidad ante las condenas.

No eran golpistas, ni pretendieron abolir la Constitución para declarar la República. Tampoco cometieron «indiscutibles episodios de violencia» aunque causaron estragos a miles de viajeros. Son los 136 controladores que tendrán que sentarse en el banquillo de los acusados por delitos de sedición y abandono del servicio público el próximo año a partir del 14 de enero de 2020.

Este lunes, 14 de octubre de 2019, el Tribunal Supremo español ha decidido sentenciar que la protesta pacífica –que es el caso de los Jordis– merece nueve años de prisión. Al igual que en el caso Altsasu con el terrorismo, la acusación de rebelión sirvió para otro propósito: traer el juicio a Madrid

l presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha valorado desde Moncloa la sentencia del Tribunal Supremo sobre el golpe separatista. "Quiero reconocer la labor del Tribunal Supremo, que ha dado un ejemplo de autonomía y transparencia demostrando el funcionamiento de nuestro Estado de derecho".

El entorno de Puigdemont presiona para dar por finalizada la existencia del PDECat. Esta formación heredera de la antigua Convergència, y de la que forma parte el propio expresidente fugado, siempre ha mostrado resistencias ante las estrategias del exalcalde de Gerona. Ahora, Puigdemont y su circulo más cercano (organizado alrededor de «la Crida», un proyecto de partido comandado completamente por él) proponen acabar con el partido que diseñó Artur Mas tras el colapso de CDC por los continuos escándalos de corrupción.

La nueva presidenta de la Comisión Europea visitó Madrid y aseguró al presidente en funciones que Bruselas mantendrá la línea defendida en el tema catalán

Ariño y Romero advierten en La secesión de los ricos de la histórica divergencia en el reparto de la riqueza. En la obra retratan lo que consideran "un fenómeno emergente de gran trascendencia histórica": "El proceso de desanclaje financiero, económico, político, cultural, moral y residencial de las élites en relación con la sociedad en la que se hallan nacionalizadas y tributan". Una suerte de independencia por el que las élites dan por rotas "las transacciones en las que se fundaron las sociedades de bienestar después de la Segunda Guerra Mun

Más de 200 académicos han suscrito un manifiesto que denuncia que el independentismo catalán protagoniza una “constante violación de los derechos civiles” y “atiza la tensión política en España”. El texto, publicado en el diario escocés The National, señala que los Gobiernos de Artur Mas y Carles Puigdemont gastaron parte de su presupuesto en política exterior a pagar a académicos extranjeros afines al procés. El texto responde a otra carta, de signo contrario, publicada por el mismo periódico hace dos semanas.

Ayer domingo, el hijo de Benjamín Netanyahu instó a los árabes a liberar Ceuta y Melilla, ciudades autónomas de España, ubicadas en la orilla africana del estrecho de Gibraltar, y en las orillas del mar Mediterráneo, respectivamente, en un mensaje publicado en Twitter.

Los prejuicios han sido parte del maná cómico en la tradición burlesca de los Estados Unidos. Ya sean etnias, burgueses adinerados, géneros e incluso tribus urbanas, la violencia contra esos colectivos articula un humor político con gran tradición. Es, en fin, la viñeta como un método de defensa eficaz de unas ideas y como forma inequívoca de propaganda política. Casi 200 años de viñetas del odio…

El expresidente del Gobierno apela a concentrar el voto útil en torno a la candidatura de Casado Mariano Rajoy, por su parte, no ve más alternativa a un Gobierno de Pedro Sánchez que el PP

Análisis del artículo 155 de la Constitución española.

Además de un juicio penal sobre unas conductas determinadas, será un autorretrato: de qué manera este país resuelve el problema de un secesionismo político militante, aunque no militar ni terrorista. Lo que está en juego es, por un lado –desde luego– la suerte personal de los acusados, pero también nuestro modo de ser: el prestigio de nuestras instituciones, la calidad de nuestro Derecho, la consistencia de nuestro Estado, la demarcación del terreno propio de la política, y la delimitación de ciertos derechos fundamentales ( Derecho reunión..

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este sábado en un acto electoral en Barakaldo (Bizkaia) que "la autodeterminación que reclama el independentismo catalán no cabe en la Constitución y no lo vamos a aceptar nunca", y ha insistido en que "el debate no es independencia sí o independencia no, es convivencia sí o sí".

La urbanización intentó separarse de Alcobendas hace 30 años, alegando discriminación fiscal y problemas de seguridad. ¿Había motivos para la independencia? ¿Los hay ahora? Ignacio García de Vinuesa fue uno de los vecinos de La Moraleja que firmó a favor de la secesión. En aquel momento le pareció una buena idea. En 2007, García de Vinuesa se convirtió en alcalde de Alcobendas por el PP tras 28 años de alcaldías socialistas. El chiste fácil sería que García de Vinuesa había pasado del nacionalismo independentista (La Moraleja) al imperialismo…

Nacieron como una escisión de SCC el pasado mes de octubre, un año después del referéndum ilegal. En menos de dos meses, ya suman 130 personas entre socios y simpatizantes de varios campus universitarios

Denuncia el desvío de fondos públicos para financiar una maquinaria de propaganda internacional masiva para comprar la opinión pública. El eurodiputado Antonio López-Istúriz, diputado en el Parlamento Europeo por el Partido Popular, es su secretario general. Los populares europeos tratan de frenar la capacidad de los movimientos políticos populistas para ganar votantes en la clase media.

Stephen Sackard, periodista de la BBC, con preguntas incisivas profundas, hace una entrevista de 24 minutos al responsable de asuntos exteriores de la Generalitat Ernest Maragall, preguntando por qué los secesionistas piden que el gobierno de Madrid quite el poder independiente a los jueces, le acusa de chantaje al mismo con maniobras legales y le pregunta por qué la fuerza del movimiento se está reduciendo, desmontando cada argumento e inquiriendo sobre el verdadero objetivo de estos dirigentes

El pleno del Parlament ha rechazado este martes la suspensión de seis diputados procesados por el Tribunal Supremo -pese a las protestas de Ciudadanos, PSC y PPC-, aunque en cambio ha avalado que puedan delegar sus funciones en otro miembro de su grupo parlamentario, solución que ya apuntaba el juez Pablo Llarena.