Más Madrid ha acudido rápidamente a la Asamblea de Madrid a registrar una batería de preguntas y peticiones de información destinadas al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. El proceso de adjudicación comenzó el pasado 9 de abril, cuando se abrió el plazo de inscripción, y estaba fechado el 9 de julio anunciar la primera adjudicación, con la pretensión de que en noviembre las viviendas ya acogiesen inquilinos. Estos plazos no se cumplirán y mientras el procedimiento sigue abierto los ciudadanos aguardan con inquietud.

La petición del Fiscal Anticorrupción de 19 años de cárcel contra el expresidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, se basa en el presunto cobro de comisiones en la adjudicación de las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV) y el Plan Eólico. Una actividad ilícita que el Ministerio Público concreta en la comisión de los presuntos delitos de grupo criminal, blanqueo de capitales, cohecho, falsedad en documento mercantil y prevaricación administrativa.

La Fiscalía Anticorrupción no archiva la denuncia dando a entender que ve hechos punibles pero que por la naturaleza de los mismos no entran dentro de su ámbito competencial

La Fiscalía Europea acusó a la Fiscalía Anticorrupción de no haberle facilitado una parte de la información que tenía en su poder sobre las presuntas irregularidades para la compra de mascarillas de los Gobiernos de Baleares y Canarias.El organismo con sede en Luxemburgo destaca que el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, al informar sobre la compra de mascarillas de Canarias y Baleares, no aludió "a la existencia de sospechas de irregularidades en tales contratos ni se acompañó de alguno o algunos de los informes que la UCO elaboró"

El Colegio de Médicos de Huelva y el Consejo Andaluz de Colegios de Médicos, que engloba a todos los colegios andaluces, solicitan una "rectificación inmediata" a la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, respecto a la información facilitada a los medios de comunicación sobre el salario de un médico de familia en 2023. Utilizar datos sesgados para la confrontación política ha sido un error que precisa la más inmediata aclaración pública"

Los socialistas pedirán que se investigue la conversación entre Villarejo y el número dos de Interior de Rajoy sobre los negocios del padre de Begoña Gómez

Fue una de las primeras exigencias de la presidenta madrileña al inicio de la pandemia, coincidiendo en tiempo con las mascarillas de Tomás Díaz Ayuso

A principios de abril se conocía que la Fiscalía mantenía abierta la investigación en torno al actual director general de Emergencias, Sebastià Sureda, por un supuesto caso de corrupción urbanística durante su mandato como concejal de Urbanismo en Campos. Una alto cargo del PP se encargará de los casos pendientes, más de 200, de la Oficina Anticorrupción después del cierre fulminante por parte del Govern.

El Govern de Marga Prohens adjudicó la plaza de Inspectora General a la alto cargo del PP dos días antes de hacer pública la convocatoria. Catalina Ferrer, que se encargará de todos los casos pendientes de la Oficina Anticorrupción después del cierre fulminante por parte del Ejecutivo autonómico, obtuvo el cargo el pasado 25 de marzo, cuando la actual secretaria general de la conselleria de Presidencia y Administraciones Públicas, María José Bauzá, firmó la resolución, a pesar de que no publicaron la convocatoria hasta dos días después.

La investigación sobre la Operación de Catalunya se divide y se marcha a Madrid. La Fiscalía de Barcelona ha decidido enviar a la Fiscalía Anticorrupción, en Madrid, la denuncia del mayor Josep Lluís Trapero, contra la policía patriótica del PP, que lo acusó de falsos hechos delictivos, según consta en los papeles de la Operación Catalunya. La Fiscalía de Barcelona también ha resuelto que envía a la Fiscalía de Madrid la denuncia presentada, el marzo pasado -ante la difusión de nuevos audios del comisario José Manuel Villarejo-...

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juzgado de Asturias que investiga el “caso Hulla” por el presunto desvío de fondos públicos en la construcción de una residencia geriátrica ubicada en la localidad de Felechosa, en el municipio asturiano de Aller, que, entre otras medidas, mantenga el embargo del capital presuntamente desviado por el exlíder minero asturiano José Ángel Fernández Villa.

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado que la expresidenta de la Comunidad de Madrid y del Partido Popular (PP) de la región, Esperanza Aguirre, acuda a testificar al juicio sobre la caja b de los populares madrileños. El ministerio público ha trasladado a la Audiencia Nacional esta motivación, fundamentada en lo vital del testimonio de la persona que dirigía el partido en el momento en el que se cometieron los presuntos delitos. De acudir a la vista oral, Aguirre podría encontrarse con antiguos pupilos como Francisco Granados.

Los socialistas aseguran que "el PP de Madrid se ha convertido en un nido ultra de insultos, trumpismo y denigración de los valores de la política" por la insinuación de Serrano. Serrano dijo que se había intentado reunir con la pareja de Ayuso en una habitación de hotel, pero que no pudo porque no tenía el número de Gómez "que es quién suele reunirse allí con empresarios

Anticorrupción le acusa de blanquear con la rehabilitación del inmueble seis millones de euros

El jefe del Equipo TIC y de Análisis de Información de la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción en Balears (OAIB) ha remitido un informe al Parlament y al Govern donde advierte del riesgo de pérdida de datos con un cierre “sin planificar y garantizar la transición adecuada” de los servicios.

En su escrito de defensa, al que ha tenido acceso EFE este martes, el excomisario, que se enfrenta a una petición de la Fiscalía de 19 años de cárcel en esta causa, también pide citar al primer juez que instruyó su causa en la Audiencia Nacional, Diego de Egea. La exministra de Defensa y ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal, que estuvo imputada unos meses en la causa hasta que el juez Manuel García Castellón la sacó en contra del criterio de la Fiscalía, es otra de las testigos propuestas.

Los grupos del PP y Vox en el Parlamento de Baleares han aprobado este martes —con los votos en contra de los grupos de la izquierda del PSOE, Més per Mallorca, Més per Menorca y Podemos— la Ley de Transparencia y Control de los Cargos Públicos de Baleares, que contempla, en su disposición adicional primera, la liquidación de la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción, que se puso en marcha en 2016. Se trata de la primera comunidad autónoma que elimina este órgano de control.