Un tribunal ha confirmado el procesamiento de la exalcaldesa de Alicante Sonia Castedo (PP) por beneficiar a cambio de diferentes dádivas, supuestamente, al empresario Enrique Ortiz, también procesado, con el diseño del futuro Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

El titular del juzgado de Instrucción número 5 de Alicante, Manrique Tejada, juzgará a dos exalcaldes de Alicante, Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi, además de al empresario Enrique Ortíz y a otros imputados por el llamado caso Brugal.

Fiscalía Anticorrupción ha elaborado su escrito de calificación provisional en la causa en la que se han investigado supuestas irregularidades en la tramitación y adjudicación del servicio de recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos en diferentes concursos del Ayuntamiento de Orihuela (Alicante), en la que pide hasta 46 años de prisión para el que fue empresario adjudicatario del servicio, Ángel Fenoll; 12 para el exalcalde 'popular' José Manuel Medina y ocho para la ex primera edil Mónica Lorente, también del PP durante su mandato.

El 'caso Gürtel' no es el único frente judicial que tiene abierto Enrique Ortiz. El empresario se enfrenta a 17 años de prisión por el caso Brugal en el que se va a sentar en el banquillo junto con él expresidente de la diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, para quien el fiscal pide 16 años de cárcel. El Ministerio Público les atribuye los delitos de cohecho, prevaricación, información privilegiada, tráfico de influencias y fraude. Relacionada con: www.meneame.net/story/empresario-enrique-ortiz-confiesa-financiacion-i

El Poder Judicial intercedió hace un año para que el entonces comisario jefe de Alicante entregara la documentación que reclamaba el juez del caso Brugal. El magistrado Tejada del Castillo se interesaba por la documentación incautada al empresario Enrique Ortiz en la operación de julio de 2010. El comisario principal José Javier Cuasante es próximo al exdirector general de la Policía Juan Cotino, impu

La Fiscalía Anticorrución acusa de delitos relacionados con la corrupción urbanística al expresidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, y a los empresarios Enrique Ortíz y Ángel Fenoll en el escrito que ha presentado hoy por el llamado caso Brugal.

La Fiscalía Anticorrución acusa de delitos relacionados con la corrupción urbanística al expresidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, y a los empresarios Enrique Ortíz y Ángel Fenoll en el escrito que ha presentado hoy por el llamado caso Brugal. En este sumario se juzgarán delitos de cohecho, prevaricación, negociación prohibida, fraude, coacciones y tráfico de influencias.

Colaboradores de Ripoll, uno de los pocos imputados que fueron apartados por Fabra en la Comunidad Valenciana, se colocan como si nada en la Diputación gracias a la formación naranja.

El ministerio del Interior ha decidido reducir el personal de una unidad policial que tiene en sus manos 30 tramas de corrupción como el caso Brugal. Esta brigada ahora mismo tendría media docena de agentes, le quitan un inspector, un subinspector y asegura que la cartera de Jorge Fernández Díaz no va a poner a nadie en su lugar.

El Ministerio del Interior no apuesta por la Brigada de Blanqueo de Alicante, un grupo policial que acarrea sobre sus espaldas casi una treintena de investigaciones judicializadas relacionadas muchas de ellas con la corrupción, como el caso Brugal, cuya instrucción -sobre una trama política y económica con ramificaciones en toda la provincia y que se divide en 20 causas judiciales- acumula ya siete años de diligencias atascadas.

El exregatista olímpico y exconcejal del PP del Ayuntamiento de Alicante Francisco ‘Kiko’ Sánchez Luna ha sido condenado a 2 años, 9 meses y 1 día de cárcel por irregularidades en la adjudicación de instalaciones de telecentros en la zona norte de la ciudad, en 2009. Sánchez Luna, campeón olímpico en la clase 470 de vela en los Juegos Olímpicos de Barcelona’92, fue concejal de Alicante de 2007 a 2011, en la etapa como alcalde del popular Luis Díaz Alperi, imputado en la rama del caso Brugal sobre el presunto amaño del Plan General de Ordenación

Una juez ha procesado al empresario Ángel Fenoll y a otras seis personas más, cuatro de ellas familiares suyos, por un delito medioambiental, tras constatar en el transcurso de la investigación los indicios que apuntan a que enterraron de forma ilegal basuras en diversos campos de la comarca de la Vega Baja. Al constatar residuos no autorizados que afectan el dominio público hidráulico por "percolación de lixiviados a los acuíferos subterráneos" en dichos terrenos, la CHS tramitó diversos expedientes sancionadores.

El alcalde de Alicante, Miquel Valor, ha anunciado este lunes que renuncia a seguir con la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para "dejar a un lado controversias" a un proyecto que se inició hace 14 años y por cuya tramitación están imputados los ex primeros ediles de la ciudad Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo, en una causa derivada del 'caso Brugal' en la que se investigan presuntos beneficios al constructor Enrique Ortiz.

La Abogacía del Estado ha presentado un escrito de alegaciones en el que pide a la Audiencia Provincial la nulidad de las intervenciones telefónicas policiales que dieron origen a la rama del caso Brugal sobre las supuestas ilegalidades en el plan urbanístico de Rabasa.

El 19 de enero se tendrá que sentar ante el juez por dejar sorda a una mujer supuestamente de un golpe; y hoy su nombre aparece relacionado con el ‘caso Brugal’. Es diputada autonómica y su participación en las próximas elecciones pende de un hilo pese a contar con el pleno apoyo de Fabra

La diputada del PP en Les Corts Valencianes Elisa Díaz, hija del exalcalde de Alicante Luis Díaz Alperi, ha asegurado este jueves entre sollozos que se paga su vivienda y ha reivindicado que es “una persona normal”, que se compra la ropa en tiendas de oportunidades y en rebajas, y que no gasta lo que no tiene.La diputada se ha pronunciado así tras publicarse que el promotor Enrique Ortiz dio a su padre 174.000 euros en octubre de 2008 para pagar la vivienda que ella tenía en Alicante,

La Fiscalía sostiene que Cortina pudo incurrir en un delito de aprovechamiento de información privilegiada tras asociarse con uno de los principales imputados en la investigación del PGOU, el constructor Enrique Ortiz, para comprar suelo en zonas protegidas y trasladar los aprovechamientos urbanísticos con que se verían compensados a otras áreas urbanizables de la ciudad.

Diversas obras en Alcoi del empresario imputado en “Brugal” han terminado con sobrecostes o dejando un agujero millonario a las arcas públicas de los alcoyanos.

La jueza del Brugal ha citado a declarar en calidad de imputada a la exalcaldesa de Orihuela y diputada provincial, Mónica Lorente (PP), por un supuesto delito de tráfico de influencias en el marco de la investigación de las irregularidades en la adj

Los peritos del Banco de España señalan también en su informe operaciones sospechosas de antes de que se formara Bankia, una veintena se refieren a la antigua caja valenciana Bancaja. Entre ellas, las que permitieron ganar decenas de millones de euros al empresario Enrique Ortiz, imputado en el caso Brugal. Habría sido gracias a créditos concedidos a dedo, contra el criterio de los técnicos de la entidad. Y a negocios con precios inflados mediante la sociedad Urbanika, propietaria de los terrenos donde estaba previsto que se instalara Ikea.

España se escribe con B es una serie documental sobre corrupción política en España, donde cada episodio pondrá el foco en una Comunidad. El primer capítulo se centra en la Comunidad Valenciana donde se muestra el saqueo de una depuradora de agua pública (Caso Emarsa), la trayectoria política del Presidente de la Diputación de Castellón (Caso Fabra), el desvío de fondos de ayuda al Tercer Mundo (Caso Cooperación), la adjudicación fraudulenta de contratos de basuras (CasoBrugal) y la presunta financiación ilegal del Partido Popular (CasoGürtel)