El Banco de Santander, Caixabank y Bankia han decidido reclamar al Estado el dinero que pusieron para financiar las indemnizaciones por el cierre del almacén de gas Castor en 2014. En total, solicitan que les devuelvan 1.350 millones de euros, que es la cantidad que pusieron para desarrollar una operación que, ahora, el Constitucional considera inconstitucional.
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