Las normas penales permiten eludir la cárcel al empresario que destruyó el mayor yacimiento neolítico del país, declararle insolvente pese a aflorar propiedades millonarias en los 'papeles de Panamá' y mantener la propiedad de un coto de caza con especies invasoras siete años después de la sentencia y cuando han pasado dos décadas de las primeras denuncias.
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