El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha admitido esta semana que España no está preparada para luchar contra el tsunami de corrupción que nos invade. Como si fuera el chiste de la semana, el egregio prócer ha achacado esa falta de preparación a la ley de Enjuiciamiento Criminal, de 1882, que estaba “pensada para los robagallinas, pero no para el gran defraudador, no para los casos que estamos viendo ahora donde hay tanta corrupción”.
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