Todos los funcionarios y empleados públicos están obligados a cumplir con la Constitución, el Estatuto de Autonomía y el resto del ordenamiento jurídico. El incumplimiento de este deber está tipificado como una falta muy grave que puede conllevar la sanción máxima de separación de servicio. Así lo prevén tanto el Texto Refundido del Estatuto Básico de la Función Pública. La cuestión que se plantea es si, en cumplimiento de este deber, están obligados a desacatar una orden ilegal dirigida a la celebración del referéndum soberanista.
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