La residencia que vacunó de la Covid-19 a familiares de usuarios y sacerdotes se enfrenta a una sanción administrativa de entre 3.000 y 15.000 euros y se verá si puede haber "no solo posibilidad de infracción administrativa". Así lo ha indicado la directora general de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, Elena Andradas, en la rueda de prensa semanal sobre la situación epidemiológica y asistencial por el coronavirus.
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