Muchas organizaciones de libertades civiles y de derechos civiles señalan acertadamente que la práctica de encarcelar a personas por multas y honorarios impagos está convirtiendo nuestro [Estados Unidos] sistema de justicia penal en una prisión de deudores de facto. Se trata de "cualquier prisión, cárcel u otro centro de detención en el que se encarcele a personas por su incapacidad, rechazo o falta de pago de deudas". Han sido proscritos por el Congreso desde 1833 (tiempos de Dickens) al menos en teoría.
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