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No es lógico que una comunidad autónoma rebaje la fiscalidad y después le pida al Ejecutivo central que complemente los recursos que tiene porque necesita reforzar la sanidad, la educación u otros servicios públicos, teniendo en cuenta además que serían los ciudadanos del resto del Estado quienes tendrían que hacer frente, vía impuestos, a esa rebaja fiscal autonómica.
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