El Gobierno ha desembolsado más de 175 millones y no soluciona la falta de personal en el interior de las cárceles, según los sindicatos. El Gobierno sigue apostando por la privatización de los servicios de seguridad de las cárceles, desde que inició el modelo en 2013. El pasado viernes aprobó un desembolso de más de 60 millones de euros para pagar a las empresas privadas, mientras los funcionarios de prisiones siguen pidiendo que se convoque las 700 plazas públicas que debían ponerse en marcha en 2017.
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