Las comunidades autónomas tienen las competencias sobre las residencias de mayores: se encargan del registro y la inspección de calidad de los centros. Durante la crisis del coronavirus, el Gobierno declaró las residencias servicios esenciales y reforzó la intervención de las comunidades autónomas en públicas y privadas. El ministerio que dirige Pablo Iglesias aprobó un fondo extraordinario de 300 millones de euros que las comunidades deciden cómo gastar según unas finalidades concretas marcadas por el Gobierno.
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