Lo cierto es que Disney se acogerá a la ley y dejará de administrar servicios básicos como el agua, la luz o los bomberos. Esa carga pasará a manos de los condados, mientras Disney pierde algunas exenciones fiscales. Pero lo que más preocupa a los analistas es que la ley sí cambia quién controla el gobierno que supervisa el reino de Disney, lo que podría derivar en futuras batallas a medida que aumenta la tensión entre la compañía, afianzada en temas sociales progresistas, y el estado conservador que emprende una cruzada contra lo woke
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