No solo el senador socialista José Miguel Alonso. Al menos 10 compañeros de bancada ampliaron sus declaraciones de bienes y rentas cuando su partido intensificaba los ataques por las posesiones de la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, y el Gobierno central cocinaba el nuevo delito de enriquecimiento ilícito que fija penas de cárcel para los cargos públicos cuyo patrimonio aumente en más de 250.000 euros sobre sus ingresos sin justificación. Una modificación con la que regularizan siete viviendas, coches, plazas de garaje y fondos de inversió
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