De nuevo seremos los usuarios los que tengamos que hacer frente a la elevada compensación estatal (1.350 millones de euros) que recibirá la empresa promotora del almacenamiento de gas instalado frente a las costas de Castellón y Tarragona. Durante los próximos 30 años abonaremos en nuestras facturas esta millonaria indemnización por la suspensión de un proyecto que, según los expertos, no contó con todos los informes previos sobre el impacto sísmico de esa actividad.
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