La decisión del Gobierno de privatizar el Registro Civil ha añadido otra página poco ejemplar a la reciente historia de las corruptelas y el tráfico de influencias. El diputado de Izquierda Plural, Gaspar Llamazares, ha instado al Ejecutivo a que investigue “las turbias relaciones económicas de la Dirección General del Registro y del Notariado con la empresa Futuver”, beneficiaria del negocio, pero su petición podría tocar de cerca a Enrique Rajoy, hermano del presidente, y no ha surtido efecto.
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