Los vientos remunicipalizadores soplaron fuerte tras la llegada al poder de los autodenominados “ayuntamientos del cambio” a partir de 2015. Sin embargo, pocos consiguieron el objetivo final, como ocurrió en el caso de Barcelona, con Ada Colau al frente. En 2019, el Tribunal Supremo tumbó la única posibilidad de gestionar el abastecimiento de manera pública, lo que permitió que Aigües de Barcelona (participada en un 70% por Agbar) fuese quien se quedara con la concesión hasta 2047.
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