Entre otras medidas, la proposición de ley fija las competencias del Conselh General d’Aran y crea una comisión bilaterala entre los gobiernos de Aran y de Cataluña. Además, la ley debe consolidar la oficialidad de la lengua occitana en todo el Principado de Cataluña; debe establecer el presupuesto destinado a financiar las instituciones aranesas [...] también debe garantizar que el Val d’Aran “no puede estar incluida en ninguna división territorial ni administrativa que no sea ella misma”.
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