Organizaciones ecologistas y animalistas ven la sentencia del TC como una "acción política" contra el proceso soberanista. En Canarias las corridas están prohibidas desde 1991 y desde la llegada de los nuevos gobiernos de izquierdas se han sucedido las retiradas de subvenciones y eliminaciones de festejos sin que el PP haya mostrado tanta virulencia.
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