Las normas establecen que las entidades federales están obligadas a destruirlas. Sin embargo, las agencias estatales o locales tienen libertad de acción en el tema. A partir de eso, se halló que muchos departamentos venden sus armas cuando las cambian por modelos mejores. Las armas son adquiridas por compradores que luego, en muchas ocasiones, las distribuyen a criminales. Al menos 52.529 armas encontradas en escenas de crímenes entre 2006 y 2022 pertenecieron previamente a la policía.
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