"Los jueces deberían poder interpretar y aplicar la ley sin miedo a ser castigados o juzgados por el contenido de sus decisiones. Ello es fundamental para preservar la independencia judicial", explica José Santos Pais, miembro del comité. Asimismo, este comunicado señala que es la primera vez que este organismo "se pronuncia y condena a un Estado" por el "uso del derecho penal contra un juez en el marco de sus funciones".
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