El Estado español es ahora mismo el país de la Unión Europea que más demandas acumula ante tribunales de arbitraje (ISDS), lo que podría traducirse en la pérdida de miles de millones de euros de dinero público para la defensa legal y el pago de indemnizaciones a los inversores: desde fondos de inversión especulativos, a empresas públicas o grandes multinacionales. “Si los inversores ganaran todas las demandas, el Estado tendría que pagar más de 8.200 millones de euros de los presupuestos públicos”, subrayan desde Ecologistas en Acción.
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