En apenas una semana, alrededor de 40.000 personas (y sumando) han puesto su firma en una petición dirigida al Parlamento de la Comunidad con un mandato claro: que se cierre la puerta que la ley canaria deja actualmente abierta a la reclasificación de terrenos incendiados con fines urbanísticos. En materia de reclasificaciones urbanísticas, deja al Parlamento la posibilidad de reclasificar "por ley" con fines urbanísticos los terrenos afectados por un incendio forestal, siempre a iniciativa del Gobierno canario o de un grupo parlamentario.
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