El hombre tenía una academia y se encargaba de la organización de varios cursos de formación para los que solicitaba subvenciones; mientras que la mujer, trabajadora de la Xunta de Galicia, ocupaba un puesto de "responsabilidad", que usaba para compulsar los documentos de los supuestos cursos con los que obtuvieron más de 500.000 euros en subvenciones.
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