Según documentos de la Comisión de la Verdad formada en El Salvador en 1992, la UCA era considerada un "refugio de comunistas" y los soldados habían recibido órdenes de eliminar a los "elementos subversivos conocidos". Después de cometer su encomienda esa noche, dejaron señales y pruebas falsas para que parecieran que los crímenes habían sido cometidos por la guerrilla insurgente. Más de 30 años después la mayoría de los responsables de la masacre no ha enfrentado la justicia.
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