En concreto, el artículo 9 de la ley persigue asegurar el respeto de los partidos a los principios democráticos y a los derechos humanos. Además, “desarrollarán las funciones que constitucionalmente se les atribuyen de forma democrática y con pleno respeto al pluralismo”. Difícilmente puede encajar en ese artículo un partido que coquetea con la xenofobia para conseguir votos y que pretende expulsar del país a 52.000 inmigrantes sin mayor argumento que el de ser extranjeros. La ley de 2002 establece que un partido político será declarado ilegal
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