Esta proposición no es una mera despenalización (un gesto en pasivo) de la eutanasia, sino el “reconocimiento del derecho” de los sujetos a la “integridad física y moral” así como a la “dignidad, la libertad o la autonomía de la voluntad”. Es decir, que en situaciones de “enfermedad grave e incurable, o de una enfermedad grave, crónica e invalidante, padeciendo un sufrimiento insoportable que no puede ser aliviado en condiciones que considere aceptables”, es el Estado el que debe garantizar que esa persona puede terminar con su vida.
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