Lidia, de 89 años, padece problemas de movilidad y tiene una pensión de 660 euros. Su entorno intentó en el pasado acordar el pago de un alquiler social al fondo de inversión, algo a lo que la empresa se negó. Hace poco más de una semana, cuando tras dos aplazamientos pudo celebrarse la vista por este caso, la jueza instó a que ambas partes llegasen a un acuerdo que garantizase que la mujer se quedaría en la que ha sido su casa durante un año. Finalmente, la propia magistrada ha dictaminado que Lidia vive legítimamente en esa casa
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