Se ha publicado en el BOE de 10 de noviembre de 2020, el anuncio de la adjudicación a las empresas Seprotec y Ofilingua, de los servicios de ‘Interpretación y traducción’ en los órganos judiciales adscritos a las Gerencias Territoriales del Ministerio de Justicia, nueva privatización de servicios públicos que, a juicio de CCOO, “es un claro intento de entregarlo completamente a empresas privadas”, cuyos intereses no son la defensa del servicio público y el acceso en condiciones de igualdad de toda la ciudadanía a la Administración de Justicia.
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