El real decreto ley aprobado la semana pasada recogía compromisos adquiridos con Bruselas para 2023 y que se habían quedado pendientes por el adelanto electoral. La aprobación de esa norma fue una de las condiciones impuestas por la Comisión Europea para desembolsar una partida de 10.000 millones de euros de fondos europeos con destino a España. Junts alega, entre otras cosas, que el contenido del decreto podría facilitar la suspensión de la aplicación de la ley de amnistía a los encausados por el procés una vez que esté aprobada.
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