Un juzgado de Valencia inicia un procedimiento penal para investigar si ha puesto trabas a que un adoptado conozca la identidad de su madre biológica. El querellante es Enrique J. Vila, por el que se pagó un millón de pesetas en 1965, y a su vez es abogado del caso de los niños robados en Madrid. Lleva 20 años intentando que sor Aurora abra los registros y facilite el nombre de su madre, porque así lo ordenó un auto judicial de la Audiencia Provincial. Sor Aurora dice no tener ese registro. Algo que no acaba de cuadrar.
|
etiquetas: niños robados , franquismo , valencia , sor aurora , casa cuna