En este marco, la sala asegura que "no hay ninguna prueba objetiva de la malversación". Es más, los magistrados cargan las tintas contra la tesis de la Guardia Civil para intentar justificar la malversación de 996,15 euros. Así critica cómo el cuerpo policial estruja las tasas de servicio de los bomberos por el uso de medios humanos y materiales para poner un importe de lo que "ha costado la salida de los investigados con los vehículos el dos de octubre".
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