El Constitucional solucionó el caso en 2008, rechazando el recurso del Partido Popular, pero un año antes se reunió, igual que sucede estos días con la nueva reforma, para ver si debían aceptar la abstención de dos magistrados. Los dos directamente afectados por la reforma, la presidenta María Emilia Casas y el vicepresidente Guillermo Jiménez, habían solicitado ellos mismos ser apartados del pleno porque sus puestos estaban directamente afectados por la reforma recurrida.
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