Una iniciativa parlamentaria para que el Gobierno obligue a Don Juan Carlos a presentar una declaración de bienes, intereses, patrimonio, inversiones y participaciones societarias al final de su reinado, siguiendo el modelo de las declaraciones que deben hacer los diputados y senadores desde 2006. La fortuna del Rey, estimada en 2.000 millones de euros y cuya procedencia es desconocida, aún permanece en la sombra.
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