Las autorizaciones administrativas deben publicarse en el DOGV, tal como dispone la ley. El motivo de la “no publicación” no fue otro que el de que la finca no quedara al amparo de la mencionada ley, puesto que a la Conselleria de Medio Ambiente no le convenía, al no haber aceptado la mercantil las condiciones impuestas por esta, que no era sino que condicionó el reconocimiento de la Declaración de Interés Comunitario, o DIC, a que se le cambiara el código de identificación a la finca (1071), cosa “inadmisible” para la compañía denunciante.
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