Podrán beneficiarse los condenados por delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico (excluyendo los hurtos, robos, extorsiones… etc..); la hacienda pública y la seguridad social; los derechos de los trabajadores y de los ciudadanos extranjeros; la ordenación del territorio y el urbanismo y la protección del patrimonio y el medio ambiente. Hasta octubre de este año, había 2.044 personas privadas de liberad por estos delitos, un número que se ha ido incrementado.
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