Además, para confirmar la veracidad de la grabación y de "los gravísimos hechos que en ella se revelan", la Inspección requirió a una entidad bancaria los movimientos de cuentas de varias trabajadoras "a efectos de poder comprobar la retirada de dicho efectivo para, supuestamente, devolvérselo al empresario, ya que se podría estar ante un posible delito del artículo 311 del Código Penal".
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