En la Comunidad Autónoma Vasca no ha fallado la gestión de un modelo de rentas mínimas garantizadas y condicionadas, ha fallado el modelo en sí porque: se ha mostrado incapaz de acabar con la pobreza (más del 30% de las personas pobres existentes en la CAV no acceden a la RGI, y más de la mitad de quienes sí acceden dicen que siguen siendo pobres), así como de mejorar la empleabilidad de quienes sí acceden al mismo. Además, los complejos requisitos que se exigen para acceder lo convierten en un calvario para la administración y el ciudadano.
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