Sin embargo, al igual que sucede con los partidos independentistas, el Tribunal Constitucional no avala esta ilegalización por razones ideológicas. La cuestión ha sido abordada con especial profundidad en relación con la Ley de Partidos de 2002, una norma surgida para perseguir a los partidos vinculados a ETA. Dicha norma establece la ilegalidad de los partidos cuya actividad “vulnere los principios democráticos”, apuntando a la comisión de ilegalidades, no a las ideas en sí.
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